Que adiciona el artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 12 de julio de 2017
12 julio, 2017
PORTACIÓN DE ARMA Y ROBO DE HIDROCARBUROS DEBEN CONSIDERARSE DELITOS GRAVES: ALEJANDRO GONZÁLEZ
12 julio, 2017

Que reforma el artículo 167 y adiciona el 167 Bis y 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 12 de julio de 2017

Que reforma el artículo 167 y adiciona el 167 Bis y 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 12 de julio de 2017

Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 167 y adiciona los artículos 167 Bis y 167 ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con la reforma constitucional de 2008 en materia penal, se dio el primer paso para la creación de un nuevo Sistema Nacional de Justicia Penal (SNJP), cuyo objetivo principal era -y es- el garantizar, en todo momento, el respeto a los derechos humanos de los indiciados, procesados y sentenciados, garantizando a la vez los derechos de las víctimas de delitos, incluyendo aquél a la reparación del daño causado por la comisión del delito.

El nuevo Sistema de Justicia Penal llegó para crear las condiciones necesarias para que nuestras autoridades ministeriales y judiciales atiendan los principios contenidos en los instrumentos internacionales de protección a la persona humana que, en materia de justicia penal, nuestra nación ha suscrito.

Del mismo modo, se amplían los derechos de las víctimas del delito para que puedan, de forma directa, aportar pruebas y participar en el proceso; solicitar la reparación del daño, impugnar las resoluciones y omisiones del Ministerio Público así como solicitar medidas de prevención para su protección y para la restitución de sus derechos; entre otros rasgos luminosos más.

La creación y puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio, ha representado un inconmensurable reto para las autoridades ministeriales y judiciales de todo el país, las que han tenido que trabajar a marchas forzadas para adecuarse a las exigencias impuestas por el nuevo sistema.

Dado el tamaño de la reforma y los retos que implicaba su puesta en marcha, resultó necesario crear y poner en marcha un nuevo código adjetivo. Para tal efecto, el Congreso de la Unión aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), ordenamiento en el que se expresan las bases del nuevo Sistema Penal de nuestro país.

En el decreto que dio origen a dicho Código, se estableció, en el artículo decimotercero transitorio, que, a partir de la entrada en vigor del CNPP, el Poder Judicial de la Federación; la Procuraduría General de la República; la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Conferencia Nacional de Procuradores, semestralmente han de remitir información relevante, en materia de la aplicación del nuevo modelo, a las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a fin que las mismas evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento:

Artículo Decimotercero. Revisión legislativa

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores remitirán, de manera semestral, la información indispensable a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en el presente Código.

Como se podrá observar, el legislador, conocía de la magnitud del reto; por tal razón, dispuso un mecanismo -contenido en el transitorio antes transcrito- con la única intención de atender de forma inmediata los inconvenientes que surgieran de la aplicación del nuevo Sistema, a fin de dar solución a los inconvenientes que se presentaran por la aplicación del nuevo modelo de justicia penal; asimismo, para proveer al perfeccionamiento de la norma procedimental.

Con la entrada en operación del SNJP se han evidenciado algunas deficiencias del Sistema, lo que nos obliga, como legisladores, a subsanarlas.

Al respecto, resulta evidente que, haber dejado de considerar como delitos graves a la portación de armas de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, así como el robo y comercialización de hidrocarburos, los que son, a todas luces lesivos para la estabilidad social, ha resultado una decisión legislativa desafortunada.

Tal situación ha generado preocupación entre las autoridades ministeriales y judiciales de todo el país, las que han observado un reciente aumento significativo en el índice delictivo de todo el país.

El repunte generalizado de los actos delictivos ha generado malestar e indignación entre la población que se percibe vulnerable ante el poder del crimen organizado y que cuestiona la capacidad efectiva de las autoridades policiacas de todos los niveles de gobierno.

Hoy, para millones de mexicanos resulta inconcebible que se haya dejado de considerar delito grave la portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La razón es simple: los delincuentes que tienen acceso a este tipo de armamento suelen ser los de mayor peligrosidad; cuando se detiene a una persona por este delito, se previene en el acto la comisión de un mayor número de delitos pues, en un muy alto porcentaje, en los delitos violentos o de alto impacto social, se utilizan armas de fuego.

En este mismo sentido, la ciudadanía exige que el robo y la comercialización de combustibles, sean nuevamente considerados delitos graves, merced a que dicho ilícito se ha convertido en un grave problema de seguridad pública para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en tanto afecta severamente las finanzas públicas del país y deteriora gravemente el tejido social de comunidades enteras, donde a las autoridades se les ha complicado hacer cumplir la Ley.

Aunado a lo anterior, el pasado 5 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, quienes estén en prisión preventiva por portación de armas de uso exclusivo del ejército, lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión de reos, ordeña de hidrocarburos, asalto en carreteras, robo calificado, extorsión, contrabando o ataques a las vías de comunicación de acuerdo con el antiguo sistema penal, hoy día pueden solicitar la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva, razón por lo que podrán obtener su libertad provisional.

En contexto, en septiembre de 2016 el comisionado nacional de Seguridad Publica, licenciado Renato Sales Heredia, anunció que, para inicios del presente año, podrían ser liberados entre 45 mil y 50 mil procesados pendientes de dictarles sentencia (Torres, 2016). De acuerdo con información disponible del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2016 se cometieron 17 mil 732 delitos del fuero común y, para 2017, la cifra alcanzó 21 mil 928 delitos, lo que representa un incremento del 24 por ciento.

Mientras, el delito de homicidio doloso observó un incremento del 31 por ciento en el mismo periodo, en tanto que el secuestro reportó un aumento del 11 por ciento (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017).

Por otra parte, de enero a mayo de 2016 se cometieron 37 mil 255 delitos del fuero federal mientras que, para 2017, la cifra alcanzó los 37mil 234 ilícitos federales, observándose así una disminución del 0.05 por ciento (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017).

En tal sentido, con la presente iniciativa se busca establecer, como delitos graves, a la portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas; así como el de robo y comercialización de combustibles por tratarse de dos delitos que han demostrado su enorme lesividad y capacidad erosionadora para nuestra estabilidad social como mexicanos.

Con la finalidad de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

    

Con la adición de los artículos 167 Bis y 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, los delincuentes que cometan los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como de robo y venta de hidrocarburos, dejarán de tener las prerrogativas procesales que les otorga la legislación vigente; en su lugar, serán tratados con la severidad procesal que amerita la comisión de un delito grave, como lo demanda una gran mayoría de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 167 y se adicionan los artículos 167 Bis y 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de delitos lesivos para la estabilidad social

Primero. Se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eliminando su último párrafo.

Segundo. Se adiciona un artículo 167 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167 Bis. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la manera siguiente:

I Portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción III;

II Los previstos en el artículo 83 Bis, salvo en el caso del inciso i) del artículo 11;

III Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, en el caso previsto en el artículo 83 Ter, fracción III;

IV Los previstos en el artículo 84, e

V Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84 Bis, párrafo primero.

Tercero. Se adiciona un artículo 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, trasladando el párrafo último eliminado al artículo 167, para quedar como sigue:

Artículo 167 Ter. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, aquellos contenidos en dicho ordenamiento, con excepción de su artículo 9, fracción III, incisos a), b) y c), 12, fracciones I y II, 15, párrafo primero, 16 y 17, fracción I, párrafo segundo.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios segundo y tercero.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de julio de 2017.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Julio 12 de 2017.)

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