CONVOCA GONZÁLEZ MURILLO A CRUZADA NACIONAL POR EL #CONSUMORESPONSABLE EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
10 julio, 2017
Que reforma el artículo 167 y adiciona el 167 Bis y 167 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 12 de julio de 2017
12 julio, 2017

Que adiciona el artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 12 de julio de 2017

Que adiciona el artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 12 de julio de 2017

Alejandro González Murillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 a 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El de las personas adultas mayores suele ser uno de los grupos de población con mayor rezago en materia de bienestar social, lo que los coloca en permanente estado de vulnerabilidad física y económica.

De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de 2014, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi), en México 5.7 millones de adultos de 60 y más años se encontraban en situación de pobreza multidimensional (definida como la situación de una persona cuando no tiene garantizado el ejercicio del total de sus derechos sociales y no cuenta con ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios mínimos para satisfacer sus necesidades), lo que equivale a 43.7 por ciento de este grupo poblacional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016).

Los adultos mayores en situación de pobreza extrema suman 1.1 millones de personas; es decir, 20 por ciento de los adultos mayores que viven en condiciones de pobreza, aun cuando destinan la totalidad de sus ingresos a la compra de alimentos, no pueden adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada y presentan al menos tres carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del índice de privación social: seguridad social 35.8 por ciento y rezago educativo 70.4, las más frecuentes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016).

El principal y primer gran problema que aqueja a este sector de la población es el económico: sus ingresos son paupérrimos; no todos perciben pensiones, una gran parte tiene que seguir trabajando para su manutención y no son pocos los que, aun teniendo una pensión, tienen que trabajar para completar sus gastos.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, para 2012 el 27.8 por ciento de los adultos mayores contaba con jubilación o pensión y 34.2 con programas de asistencia para adultos mayores. Sin embargo, 43.5 no disponía de jubilación, pensión o programa gubernamental (Hernández Licona, sin fecha).

En los deciles de ingresos más altos, los adultos mayores con pensión o jubilación alcanzaron niveles de arriba de 40 por ciento, mientras que en los estratos más bajos no llegan a representar más de 10 por ciento (véase gráfica).

Hoy no son pocas voces las que plantean la necesidad de modificar y modernizar nuestro sistema de pensiones, el que ya ha sido rebasado por la realidad y que amenaza en colapsar nuestro sistema de pensiones; sin embargo, la altísima complejidad técnica del tema y la medición de los tiempos políticos no permiten que dicha reforma llegue pronto.

Porcentaje de población de 65 años y más con pensión o jubilación por decil de ingreso

Un segundo problema de gran envergadura es el alto costo de los tratamientos médicos que tienen que cubrir para conservar la salud.

En 2014, de los egresos hospitalarios en el país por hipertensión arterial, 56.2 por ciento pertenecieron a personas de 60 y más años. De éstos, casi tres cuartas partes (72.5) corresponden a hipertensión esencial o primaria (que en la mayoría de los casos tiene un antecedente familiar), es decir, constituye la principal causa de enfermedad hipertensiva en esta población (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016).

Por ser un grupo con necesidades de salud especiales, en el cual las enfermedades crónicas se hacen presentes de manera cotidiana, la derechohabiencia resulta ser un beneficio de gran ayuda para las familias.

Según la Encuesta Intercensal de 2015, del Inegi, 86.3 por ciento de la población de 60 y más años son derechohabientes, y la mayoría de ellos son afiliados al IMSS, con 42.7. Les le siguen los que cuentan con Seguro Popular, con 40.9; y los que tienen ISSSTE, con 10.1 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016).

Una última circunstancia que afecta el bienestar social y la economía de las personas adultas mayores es el que se encuentra relacionado con las discapacidades que sufre este grupo poblacional. Dicha situación los coloca en una muy precaria situación económica, pues su edad, aunada a su condición de discapacitados les impide acceder al mercado laboral.

La presente iniciativa tiene como finalidad facultar a la Secretaría de Economía para que establezca programas y políticas públicas que abonen al cuidado y mejora de la economía de nuestros adultos mayores, para lo cual se propone

• Promover entre los adultos mayores el consumo responsable e inteligente de bienes y servicios.

• Establecer políticas públicas que ayuden a fomentar el emprendimiento social entre la población de la tercera edad; lo anterior, con la intención de promover la economía social y el autoempleo para aliviar la difícil situación económica que atraviesan nuestros ancianos.

• Por último, con la intención de ayudar a que las personas adultas mayores puedan hacer un gasto eficiente de sus recursos financiero, se propone impulsar y fomentar la firma de convenios con prestadores de bienes y servicios encaminados a brindar descuentos y precios preferenciales en favor de este grupo poblacional.

Desde la Coordinación del Grupo Parlamentario de Encuentro Social sabemos que los problemas económicos de los adultos mayores son problemas que interpelan a la sociedad entera y el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Economía, puede abonar a la erradicación del indeseado escenario de un México viejo, enfermo y pobre para las próximas décadas.

Con la adición del artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se dota de facultades a la Secretaría de Economía para crear programas y políticas públicas ex profeso que ayuden al consumo responsable e informado de bienes y servicios; promover el autoempleo a través del emprendimiento social y, asimismo, fomentar la firma de acuerdos y convenios con la finalidad de conseguir mayores descuentos y precios preferenciales de bienes y servicios, en beneficio de la economía de las personas de la tercera edad.

Cuadro comparativo

Iniciativa que adiciona el artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para mejorar la economía de este sector de la población

Único. Se adiciona el artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 16 Bis. Corresponde a la Secretaría de Economía

I. Promover el consumo responsable e informado de bienes y servicios entre las personas adultas mayores;

II. Fomentar la participación de los sectores social y privado de la economía en la promoción del emprendimiento social y privado de las personas adultas mayores para la promoción del autoempleo; y

III. Impulsar y, en su caso, suscribir convenios con los distintos prestadores de bienes y servicios, a fin de ofrecer descuentos y precios preferenciales en beneficio de la economía y el consumo responsable e inteligente de las personas adultas mayores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Hernández Licona, G. (sin fecha). Comisión Económica para América Latina. [En línea.]

Disponible en
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/7/53017/GonzaloHernandezLicona.pdf [Último acceso: 3 de julio de 2017.]

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016. Inegi. [En línea.] Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=9
[Último acceso: 3 de julio de 2017.] http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de julio de 2017.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Julio 12 de 2017.)

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