Que adiciona una fracción XXII al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de mayo de 2017
24 mayo, 2017
PROPONE ENCUENTRO SOCIAL INCORPORAR A TLCAN ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES Y COMERCIO ELECTRÓNICO
6 junio, 2017

Que expide la Ley General del Fondo de Transporte Sustentable, recibida de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de mayo de 2017

Que expide la Ley General del Fondo de Transporte Sustentable, recibida de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de mayo de 2017

La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa que expide la Ley General del Fondo de Transporte Sustentable, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como garante que es esta honorable cámara del bienestar social, encargada de estar pendiente de legislar conforme a las necesidades imperantes en la sociedad mexicana, teniendo siempre el firme compromiso de impulsar aquello que otorgue la felicidad de los gobernados; es que me permito presentar la siguiente iniciativa de transporte público sustentable, como eje de desarrollo.

En la actualidad, en las metrópolis de la república mexicana, las personas utilizan alrededor de dos horas para trasladarse desde su casa habitación hasta su lugar de trabajo.1

El transporte público en las grandes urbes, utiliza una tercera parte de la energía generada a partir de combustibles fósiles; es decir, del petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo.2

Igualmente, el transporte público emite una quinta parte de los gases de efecto invernadero; que son aquellos que absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo en la atmosfera. Dichos gases son, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono.3

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha estimado que, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual, en el año 2047 la superficie terrestre sufrirá un sobre calentamiento con efectos más que dañinos en los ecosistemas, la biodiversidad y la subsistencia de personas en todo el mundo.

Por lo tanto, deben conjuntarse los planes de desarrollo urbano y los proyectos de inversión en transporte colectivo.

(1) (2) (3) Datos provistos por el Centro Mario Molina.

En consecuencia, para aportar y darle solución a un transporte público obsoleto, pasando a uno que venga a reducir la intensidad energética de los desplazamientos, que mejore la calidad de aire y eleve el pronto y adecuado acceso de los servicios para toda la población, otorgando instrumentos que promuevan la equidad social y vengan a desestimular el uso de medios de transporte de baja capacidad y altamente contaminantes; es que me permito formular la iniciativa de mérito.

Con la presente iniciativa, intento contribuir al abatimiento del congestionamiento vial de las ciudades en México, creando instituciones metropolitanas, generando espacios con autonomía plena y de libertad presupuestal, donde se coordine una visión integral de desarrollo urbano y movilidad.

Todo ello, con la intención de que se privilegie al transporte público sobre el automóvil o la motocicleta, ya que según datos de la ONU, para el 2050, el 66% de los habitantes del mundo vivirá en las grandes ciudades; sin embargo, en nuestro país, según datos de INEGI, en el 2015 el 70% de la población ya vivía en áreas urbanas.

Al haber mayor parque vehicular circulando en las calles, es mayor el tiempo de traslado de personas o de bienes, el consumo de combustibles y la contaminación; lo que viene a repercutir en una mala calidad de vida de los habitantes de la ciudad y en la baja de la productividad y competitividad de la misma.

Así las cosas, requerimos que día a día, como en Córdoba, Argentina; o en Helsinki, Finlandia; las personas prefieran utilizar un transporte público sustentable en lugar de sus propios autos, ya que el mencionado transporte les permite mejores tiempos de traslado, confiabilidad, seguridad y cobertura en la red.

Para alcanzar el objetivo, debemos impulsar la organización de empresas público-privadas que sean modernas, eficientes, con un servicio competitivo y de alta calidad, costeables, dignas, seguras y de bajo impacto ambiental.

El Ejecutivo federal, dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se ha comprometido a implementar una política integral de desarrollo, que vincula la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, así como a mejorar la movilidad de las ciudades, mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable.

En consecuencia, en el PND se plantean dos estrategias fundamentales, a través de diversas líneas de acción que supondrían la reducción de gases de efecto invernadero y que son:

“Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.

“Líneas de acción:

• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal.

• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales.

• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.

• Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental de nuestros productos y servicios.

• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.”

“Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.”

“Transporte urbano masivo:

• Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas.

• Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil.”

Es por ello que se insiste, para prevenir, reducir y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera y, por tanto, asegurar una adecuada calidad del aire, como parte del gobierno debemos contribuir al diseño e implantación de una política integral de transporte sustentable, para optimizar la movilidad en todas las ciudades del país.

Hoy, que se han aumentado los impuestos a los hidrocarburos, que se han cerrado las puertas a la importación de carros usados, debemos darle un sentido social a tales acciones de gobierno e impulsar la creación de fórmulas de financiamiento y/o fideicomisos públicos con atribuciones legales para gestionar fondos a favor de un mejor sistema de transporte público.

Debemos darle cara y rostro humano a las políticas públicas, conjuntándolas y no aislándolas, para que se entienda que son a beneficio de la población. Menos vehículos chatarra, menos utilización de combustible, más un adecuado sistema de transporte, redunda en un mejor medio ambiente donde vivir, en mayor tiempo para disponer con la familia, en mejor salud.

Resulta por tanto primordial, incorporar tecnologías limpias con combustibles limpios, que no representen un riesgo para la salud pública en materia de calidad del aire, previendo muertes prematuras y enfermedades cardiovasculares, que reduzcan el consumo de combustibles fósiles y en consecuencia, baje la contaminación, los accidentes y el ruido; dando como resultado, ciudades competitivas, equitativas, sustentables y habitables.

Con esta ley, se pretende sentar las bases de cofinanciación público privada, con el objetivo de responder a las necesidades y desafíos del transporte urbano en el país.

La iniciativa que se somete a consideración cuenta con las siguientes características:

a) Crea un Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable, por conducto de un fideicomiso que será operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras, SNC).

Ese fondo brindará apoyos no recuperables para la ejecución de proyectos amigables con el medio ambiente, que tanto los Estados como los municipios propondrán a una Comisión Nacional de Transporte Sustentable, para construir, ampliar, modificar o dar mantenimiento mayor y equipar los sistemas de transporte masivo, renovación del transporte no masivo, así como la puesta en marcha de ciclo vías y vías compartidas o en su caso, exclusivas para motocicletas.

Cabe señalar, que los proyectos que podrán recibir recursos del Fondo, únicamente serán apoyados en su fase de ejecución y, todos serán fiscalizados mediante auditoría externa, periódicamente y en el momento de su conclusión.

La Secretaría Técnica de la Comisión, tendrá la obligación de comunicar los resultados de tales ejercicios a la Auditoría Superior de la Federación.

Los apoyos están previstos únicamente para inversión, sin que puedan destinarse a cubrir gastos de operación de los proyectos, adquisición de inmuebles y derechos de vías necesarios para los mismos o adeudos de los gobiernos estatales o municipales.

b) El Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable, no generará nuevos impuestos.

c) La iniciativa es respetuosa de las facultades que en materia de transporte de pasajeros tienen las Entidades Federativas y los municipios, así como la atribución constitucional del Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comunicación.

Sin contravención de lo anterior, propone que la Comisión Nacional de Transporte Sustentable quede facultada para emitir Regulaciones en materia de trasporte urbano y suburbano, que puedan ser suscritas libremente por las entidades federativas y los municipios; estas figuras reciben el nombre de Regulaciones por Adhesión.

Con dichas regulaciones se pretende avanzar en la uniformidad y actualización de las normas estatales, tomándose en consideración el medio ambiente y una adecuada movilidad.

d) La iniciativa no genera mayor burocracia. La creación de la Comisión Nacional de Transporte Sustentable no trae consigo un gasto adicional en sueldos o prestaciones, ya que se tiene contemplado que en ella participen funcionarios de las propias entidades federativas que serán beneficiadas.

El órgano, sesionará cada tres meses, principalmente para validar y aprobar los trabajos de su Secretaría Técnica, por lo que no es necesaria la adquisición de oficinas o gastos de mantenimiento.

La Secretaría Técnica, estará conformada por un Secretario y un pequeño cuerpo a su cargo, que necesitarán cuando mucho el 1% de los recursos de uso general que integren el Fideicomiso en BANOBRAS.

e) Se establece un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, para que la Comisión presente al Congreso un estudio con las características y resultados alcanzables de las regulaciones por adhesión en todo el país, así como el avance de su formulación y suscripción.

Asimismo, se establece que las Regulaciones por Adhesión deberán someterse a revisión cada cinco años, con lo cual no sólo se garantiza un proceso normativo eficaz, sino flexible, abierto a mejoras.

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional en su artículo 73 fracciones XVII y XXIII, que facultan al H. Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comunicación y para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación y las entidades federativas y municipios, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de Ley General de Transporte Sustentable; para quedar como sigue proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se expide la Ley General de Transporte Sustentable, en los términos siguientes:

“Ley General del Fondo de Transporte Sustentable”

Título Único

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto apoyar la inversión de transporte sustentable, amigable con el medio ambiente; estipula el mecanismo de coordinación entre la Federación, Entidades Federativas y los municipios libres, con ese fin.

Establece regulaciones de avanzada en materia de transporte y define el marco de concertación para ser aplicado en los tres niveles de gobierno.

Artículo 3. Las acciones y regulaciones previstas en esta Ley, tienen los siguientes objetivos:

I. Lograr el desarrollo y la mejora del transporte público, masivo y no masivo, para elevar la calidad de vida en las ciudades y proteger la salud de la población;

II. Ampliar y mejorar la infraestructura de vialidades, solo cuando favorezcan la eficiencia de los sistemas de transporte;

III. Mejorar la fluidez y garantizar la movilidad como un derecho humano;

IV. Adecuar la infraestructura urbana para la utilización de unidades de transporte menos contaminantes por sus emisiones de gases con efecto invernadero, así como promover una mayor utilización de las bicicletas y motocicletas;

V. Asegurar la integridad de los usuarios vulnerables en la vía pública.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:

I. Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales que permiten transmitir el movimiento entre ruedas, por medio de una cadena;

II. Comisión: Comisión Nacional de Transporte Sustentable;

III. Fondo Nacional: Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable;

IV. Programa Nacional: Programa Nacional de Transporte Sustentable;

V. Regulaciones por Adhesión: las reglas emitidas por las entidadesfederativas y los municipios, a propuesta de la Comisión y registradas por la Secretaría Técnica;

VI. Secretaría Técnica: el órgano de la Comisión para apoyar sus tareas;

VII. Usuario vulnerable de la vía pública: los peatones, ciclistas y motociclistas, quienes no cuentan con una estructura física que los proteja ante hechos de tránsito, y cuya circulación se encuentra expuesta a sufrir lesiones graves o perder la vida en caso de accidentes de tránsito.

Capítulo II
De la Comisión Nacional de Transporte Sustentable

Artículo 5. La Comisión Nacional de Transporte Sustentable, es aquella que coordina acciones entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.

Para su correcta operación, contará con un órgano de apoyo denominado Secretaría Técnica.

Artículo 6. La Comisión Nacional cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Subscribir el Programa Nacional de Transporte Sustentable, así como las revisiones y actualizaciones del mismo en forma bianual;

II. Aprobarlos montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios;

III. Sancionar la aplicación de recursos del Fondo Nacional para apoyar los proyectos de inversión de las entidades federativas y los municipios;

IV. Aprobar los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta ley y los criterios generales de evaluación de los mismos;

V. Confirmar los criterios y requisitos para obtener el registro en el padrón de auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta ley;

VI. Recibir y calificar las propuestas de regulación que se sometan a las entidades federativas y a los municipios para ser suscritos por adhesión;

VII. Analizar y determinar la viabilidad del programa anual de trabajo, los estudios sobre transporte sustentable y amigable con el medio ambiente, y los informes de actividades trimestrales de la Secretaría Técnica;

VIII. Coordinarse con el Secretario Técnico para elaborar, evaluar o modificar el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión;

IX. Las demás que establezcan ésta y otras leyes.

Artículo 7. Las regiones que integran la Comisión son las siguientes:

Región 1: Baja California, Baja California Sur y Sonora;

Región 2: Jalisco, Nayarit y Sinaloa;

Región 3: Chihuahua, Coahuila y Durango;

Región 4: Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;

Región 5: Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas;

Región 6: Hidalgo, Querétaro y Veracruz;

Región 7: Colima, Guerrero y Michoacán;

Región 8: Morelos, Puebla y Tlaxcala;

Región 9: Chiapas, Oaxaca y Tabasco;

Región 10: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y

Región 11: Ciudad de México y Estado de México.

La Comisión se compondrá con un delegado regional por cada una de las once regiones en que se divide la República Mexicana, designados entre los servidores públicos de las administraciones estatales que tengan relación directa con el transporte, la ecología o el desarrollo sustentable.

Artículo 8. Los delegados regionales durarán en su encargo dos años y serán designados en forma rotatoria por los gobiernos de las entidades federativas de cada región. El orden de designación será determinado por insaculación inicial.

A las sesiones de la Comisión podrán asistir previa invitación o solicitud, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con voz pero sin voto.

Las sesiones de la Comisión serán dirigidas y convocadas por el delegado regional presidente. Dicho encargo corresponderá rotatoriamente, anualmente y de forma alternada a un delegado de cada una de las regiones. El orden será determinado por insaculación inicial.

El titular de la Secretaría Técnica fungirá como secretario de actas y de acuerdos de las sesiones de la Comisión.

Artículo 9. La Comisión sesionará forzosamente cada tres meses durante el año de manera ordinaria, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, además de las sesiones extraordinarias que se requieran en los términos de su reglamento interno.

Artículo 10. La Secretaría Técnica tendrá las funciones siguientes:

I. Elaborar el proyecto de Programa Nacional con base en los objetivos señalados en el artículo 3 de esta Ley y someterlo a la aprobación de la comisión, así como las revisiones y actualizaciones del mismo;

II. Evaluar los proyectos de inversión de las entidades federativas y de los municipios y presentarlos a la comisión;

III. Proponer a la Comisión los montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos propuestos por estas y de sus municipios;

IV. Plantear a la Comisión los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta ley y los criterios generales de evaluación de los mismos;

V. Formar el registro de proyectos de inversión que reciba e informar a la comisión de los movimientos del mismo;

VI. Requerir a las entidades federativas y municipios, informes sobre el avance financiero y físico de los proyectos de inversión;

VII. Formular para aprobación de la comisión, los criterios y requisitos para registrar a los auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta ley e integrar el registro correspondiente;

VIII. Procesar las propuestas de regulación por adhesión, para proponerlas a la comisión;

IX. Llevar el registro de las regulaciones por adhesión emitidas y la suscripción correspondiente;

X. Efectuar todo tipo de estudios en materia de transporte sustentable, que vengan a favorecer los proyectos de las diversas Entidades Federativas y Municipios, sin alterar el presupuesto anual otorgado; y

XI. Las demás que le encomiende la comisión, conforme a la Ley y por ser órgano auxiliar de ésta.

Artículo 11. El titular de la secretaría técnica, será designado por el Ejecutivo federal con el carácter de servidor público federal. La duración del encargo será por cinco años y podrá ser elegido para una segunda ocasión en forma consecutiva. La nominación será sometida a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su ratificación, la que deberá ser por mayoría.

Artículo 12. El titular de la Secretaría Técnica de la Comisión será denominado Secretario Técnico, y para su designación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título profesional o de posgrado en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, economía, licenciado en derecho, administración pública, contaduría o materias afines al servicio de transporte o en la evaluación de proyectos de inversión;

III. Haberse desempeñado durante al menos diez años en el ámbito profesional, servicio público, docente, de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones de Secretario Técnico de la Comisión;

IV. No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno ni de elección popular, en los tres años anteriores al día de su designación, y

V. No ser accionista, consejero, directivo, asesor, comisario o apoderado de empresas privadas de transporte, de la industria fabricante de equipo para transporte o de la industria de la construcción en cualquiera de sus modalidades, y al menos contar con dos años de inactividad en cualquiera de las actividades anteriores.

Capítulo Tercero
Del Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable

Artículo 13. El Fondo Nacional se constituirá como un fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y podrá tener aportaciones por los siguientes conceptos:

I. La reclasificación de recursos públicos, que deberán ser tomados de los programas del Ramo 23 que no se estén ejerciendo durante el primer trimestre del ciclo fiscal que se trate, y que no se destinen al cumplimiento de los objetivos y metas trazados; entre otros y de preferencia los denominados Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias (R032), Provisiones Salariales y Económicas (R125), Fondo Metropolitano (U057) y, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte (U075).

II. Otras asignaciones señaladas por el Presupuesto de Egresos de la Federación para destino general o para destino específico;

III. Aportaciones no reintegrables, públicas o privadas, de personas o instituciones nacionales, de instituciones internacionales o de terceros países, para destino general o para destino específico.

Artículo 14. Las aportaciones con destino general podrán distribuirse anualmente entre las entidades federativas y los municipios correspondientes, una vez cubierto el presupuesto de la Secretaría Técnica, cuyo monto no podrá ser mayor al uno por ciento de estas aportaciones.

Los montos anuales base por entidad federativa se calcularán de la siguiente manera:

a) cincuenta por ciento con el mismo porcentaje de participación que haya correspondido el año anterior a cada Entidad Federativa en el Fondo General de Participaciones; y

b) cincuenta por ciento con base en los criterios de impacto ambiental que proponga la Secretaría Técnica y apruebe la comisión.

Los saldos de recursos no ejercidos del año anterior, se podrán distribuir conforme al mecanismo establecido en el párrafo precedente; sin que puedan participar de ellos, las entidades federativas que no los hayan ejecutado.

Artículo 15. Las aportaciones con destino específico, se distribuirán para apoyar proyectos de inversión individuales o de un género determinado dentro de los previstos en esta ley.

Artículo 16. Los proyectos de inversión que la comisión apruebe, podrán recibir apoyos financieros del Fondo Nacional, no reintegrables, destinados a las entidades federativas y los municipios.

Los apoyos serán fiscalizables en los términos de la legislación federal correspondiente y se entregarán en el curso del año, conforme al calendario aprobado como parte del proyecto.

Los proyectos de ejecución multianual especificarán los apoyos requeridos para cada ejercicio.

Los recursos financieros se aplicarán de manera preferente a los proyectos de transporte masivo sustentable, a aquellos que impliquen menores emisiones de gases con efecto invernadero o que sean amigables con el medio ambiente.

Artículo 17. Los proyectos de inversión que podrán recibir apoyos del Fondo Nacional, deben contener la siguiente naturaleza:

I. Inversiones para construcción, ampliación, modificación y mantenimiento mayor para sistemas de transporte masivo sustentable, así como su complementación con otras inversiones que fomenten el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente;

II. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de vialidades que tengan un impacto significativo en la fluidez o reordenamiento del transporte público sustentable, incluyendo puentes y pasos deprimidos o elevados, carriles confinados en exclusiva al transporte público sustentable y otros medios de transporte amigables con el medio ambiente;

III. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de ciclo vías, y estacionamientos para bicicletas;

IV. Inversiones para equipo de transporte masivo sustentable o amigable con el medio ambiente, que privilegien tecnologías de cero emisiones a la atmosfera, así como los aditamentos necesarios para controlar el tráfico vehicular;

V. Inversiones para adquirir o renovar equipo de transporte público no masivo, a fin de reducir emisiones de efecto invernadero;

VI. Inversión para adquirir equipos de conexión para vehículos de transporte eléctricos.

Artículo 18. Los proyectos de inversión podrán beneficiarse de recursos provenientes del Fondo Nacional, para destino general:

a) hasta en un ochenta por ciento para las inversiones de las fracciones I, IV y VI;

b) hasta en un setenta por ciento para las inversiones de las fracciones II y III; y

c) hasta en un cincuenta por ciento para las inversiones de la fracción V.

El complemento de la inversión podrá provenir de apoyos del Fondo Nacional para destino específico, de recursos propios de las entidades federativas o de los municipios, de inversión privada o de créditos que en ningún caso podrán comprometer los recursos del Fondo Nacional ni de la Comisión.

En los proyectos con contenido de inversión privada, las cuotas o tarifas de recuperación deben fijarse favoreciendo siempre al usuario. Los criterios de evaluación de dichos proyectos incluirán el análisis y ponderación de las cuotas y tarifas así determinadas.

Artículo 19. Los proyectos estatales y de los municipios pertenecientes a cada Estado, serán presentados y propuestos por el delegado de la Entidad Federativa de la que sean parte.

Si dentro de los sesenta días siguientes a que sea recibido por el delegado estatal un proyecto municipal no lo hace llegar a la Comisión, los municipios podrán presentarlo directamente ante el Secretario Técnico de la Comisión, quien lo presentará en su nombre en la reunión ordinaria más próxima.

Artículo 20. Los proyectos de inversión podrán corresponder a zonas conurbadas de dos o más municipios, tendrán carácter estatal y serán convenidos con los municipios, los que deberán contar con la aprobación de sus Cabildos.

En el caso de zonas conurbadas que involucren a más de una entidad federativa, los proyectos deberán tener una presentación conjunta ante la Comisión, incluyendo la solicitud de apoyo por cada Entidad Federativa dentro del proyecto, así como la legislación aplicable en materia de obras públicas y la respectiva aprobación de sus Congresos locales.

Artículo 21. En ningún caso se otorgarán apoyos para financiar gastos de operación de los proyectos de inversión o para sufragar gastos vinculados a dichos propósitos; o para cubrir adeudos de proyectos realizados o en proceso de ejecución a cargo de entidades federativas o municipios, distintos a los que formen parte de la Comisión; o para cubrir indemnizaciones o pagos para adquirir derechos de vía o inmuebles para realizar los proyectos ya admitidos o por aprobarse.

Artículo 22. Para la anuencia de apoyos a proyectos de inversión, la Comisión deberá verificar que se cumpla previamente con lo siguiente:

I. Que las entidades federativas y los municipios hayan emitido y registrado ante la secretaría técnica las regulaciones por adhesión aprobadas por la comisión;

II. Que los proyectos de inversión estén previstos en los planes de desarrollo urbano correspondientes, y

III. Que las entidades federativas y los municipios hayan entregado la información sobre la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión que hayan recibido apoyo del Fondo Nacional.

Artículo 23. Los apoyos para los proyectos de inversión serán transferidos del Fondo Nacional a las entidades federativas o a los municipios ejecutores de los mismos, para destinarlos exclusivamente a dichos proyectos. En el caso de las zonas conurbadas, los proyectos deberán señalar de forma explícita, el ejecutor o ejecutores del proyecto y la proporción correspondiente del ejercicio de recursos y su objeto, para que en esa misma proporción les sean entregados los recursos financieros.

La aplicación de recursos por las entidades federativas y los municipios, darán preferencia a la participación de empresas nacionales cuyo capital sea nacional, en el desarrollo de los proyectos.

Artículo 24. Los proyectos deberán presentarse conforme a los términos de referencia aprobados por la comisión.

Los planes deberán incluir el costo de auditoría externa anual y de conclusión del mismo.

Dicho costo se sufragará con cargo a las transferencias del Fondo Nacional para cada proyecto. La Secretaría Técnica dará cuenta a la Comisión de los informes de auditoría correspondientes y remitirá un ejemplar de dichos informes a la Auditoría Superior de la Federación.

Los auditores externos deberán contratarse entre los inscritos y autorizados en el padrón correspondiente.

Artículo 25. El comité técnico del Fondo Nacional se integrará con los delegados regionales que formen parte de la Comisión, cuyo presidente de sesiones presidirá también este comité.

A las sesiones del comité técnico podrán asistir representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; previo aviso o invitación, quienes podrán emitir opinión y deberán apoyar en lo que se les solicite.

El titular de la Secretaría Técnica será el secretario del comité técnico.

Artículo 26. El comité técnico del fideicomiso, autorizará las transferencias de recursos de los apoyos aprobados por la Comisión para los proyectos de inversión, así como la organización, las plazas y el presupuesto de la Secretaría Técnica.

Capítulo Cuarto
De las Regulaciones al Transporte Sustentable

Artículo 27. Las regulaciones previstas en esta Ley, no son excluyentes de las emitidas por el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios; en el ámbito de sus atribuciones; sino que complementan las ya existentes.

Artículo 28. Las Regulaciones por Adhesión se circunscribirán a las atribuciones conferidas a los municipios y a las no reservadas al gobierno federal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dichas regulaciones podrán incluir normas generales vinculadas a:

a) El ordenamiento del tráfico en las ciudades y zonas conurbadas, y el aprovechamiento de las vialidades correspondientes, con la finalidad de favorecer el transporte sustentable y amigable con el medio ambiente;

b) El ordenamiento del transporte de carga urbano y suburbano;

c) La circulación de vehículos, motocicletas y bicicletas, así como los requisitos que deben cubrir para circular;

d) La operación del transporte público de pasajeros y las características de dicho transporte;

e) Las especificaciones de los vehículos para uso de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios;

f) Las medidas que aseguren la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública; y

g) Otras medidas tendientes a agilizar el tráfico, e inducir la utilización de vehículos con mayor eficiencia energética, menos contaminantes y amigables con el medio ambiente.

Las regulaciones por adhesión, se revisarán al menos cada cinco años, después de ser aprobadas por la comisión.

Artículo 29. A fin de reducir la contaminación y la emisión de gases con efecto invernadero por parte del transporte público, así como elevar su eficiencia energética; el Ejecutivo Federal a través de sus dependencias, en el ámbito de sus atribuciones y observando lo prescrito en esta Ley, emitirá normas y disposiciones, o revisará al menos cada cinco años las vigentes, en las siguientes materias:

I. De manera prioritaria, la calidad de los energéticos que consume el transporte, con la finalidad de disminuir el contenido de azufre en los mismos;

II. Adquisición de vehículos eléctricos y amigables con el medio ambiente, para uso de la administración pública federal;

III. Importación de vehículos usados, para ser sometidos a verificación de emisiones y eficiencia energética, buscando en la medida de lo posible, que dichas importaciones sean mínimas; y

IV. Venta en el país de vehículos nuevos, producidos internamente o de importación, para que cumplan con especificaciones de emisiones y eficiencia energética y éstas no sean menores que las de los mismos modelos en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, a fin de ser competitivos y manejar los mismos estándares internacionales que utilizan nuestros socios comerciales.

Cada una de las normas y disposiciones tendrán un plazo no mayor de treinta días naturales, para el inicio de su aplicación.

Transitorios

Primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a treinta días de la entrada en vigor de la presente Ley, La Secretaría de Desarrollo Social convocará a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que designen a los delegados regionales, a fin de proceder a la integración de la Comisión.

Tercero. En un plazo no mayor a sesenta días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituirá en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos el fideicomiso del Fondo Nacional.

Cuarto. En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal propondrá al titular de la Secretaría Técnica y remitirá su nombramiento al Senado, o en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación.

Quinto. En un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las dependencias del Ejecutivo Federal que correspondan, emitirán o revisarán las normas y disposiciones referidas en el Artículo 29 de esta Ley. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión un informe sobre las normas y disposiciones emitidas o revisadas incluyendo un análisis de las mismas, de su funcionamiento y de los objetivos que pretenden alcanzar.

Sexto. En un plazo no mayor a un año de la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la Unión un estudio de las características y resultados alcanzables de las Regulaciones por Adhesión, así como el avance de su formulación y suscripción.

Séptimo. La comisión, por conducto de la secretaría técnica, enviará trimestralmente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe previo de actividades y aplicación de recursos; en el mes de febrero de cada año, un informe anual y definitivo del ciclo anterior.

Octavo. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, revisará los instrumentos jurídicos y financieros con los que cuenta en materia de infraestructura urbana y suburbana, a efecto de modificar o en su caso, extinguir aquéllos que dupliquen funciones o fines con el Fideicomiso Fondo Nacional de Inversiones de Transporte Sustentable. Lo anterior deberá realizarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 24 de mayo 2017.

Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transportes. Mao 24 de 2017.)

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